Colaboración

Un juez federal bloqueó temporalmente la decisión del Gobierno de Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350.000 migrantes venezolanos en EE.UU., una medida impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien pretendía terminar con esta protección antes de su expiración oficial. La revocación del TPS también afectaría a otros 250.000 venezolanos a partir de septiembre, lo que dejaría sin protección a unos 600.000 migrantes en total. Los demandantes, beneficiarios del TPS, argumentaron que la medida violaba la Ley de Procedimiento Administrativo al no seguir los procedimientos adecuados y que estaba motivada por prejuicios raciales y políticos, señalando declaraciones públicas de Noem y Trump como evidencia de discriminación. En la audiencia del 24 de marzo, el juez Edward Chen cuestionó si las declaraciones que generalizaban negativamente a los venezolanos podían considerarse racistas, mientras que el Departamento de Justicia defendió que fueron sacadas de contexto y que Noem se refería a miembros de la pandilla Tren de Aragua. Esta decisión judicial, que protege la designación de TPS de 2023, se suma a demandas similares presentadas en Maryland, Nueva York y Massachusetts por grupos de derechos de inmigrantes.