El decreto firmado por Donald Trump que declara el inglés como idioma oficial de Estados Unidos ha generado fuertes críticas por su posible impacto en la comunidad inmigrante, especialmente entre los hispanohablantes, el grupo minoritario más numeroso del país. Aunque el Gobierno argumenta que esta medida fortalecerá la cohesión nacional, organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas advierten que podría dificultar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y justicia para los casi 68 millones de personas que hablan otro idioma en casa. La decisión revoca una orden de Bill Clinton que garantizaba asistencia en otros idiomas y se suma a esfuerzos previos para reducir la educación bilingüe en algunos estados, lo que refuerza preocupaciones sobre la exclusión de comunidades con competencia limitada en inglés.