La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría considerando la contratación de una empresa privada para monitorear redes sociales con el fin de evaluar amenazas contra sus funcionarios y rastrear menciones negativas sobre la agencia, según un documento revelado por Univision. Esta medida ha generado preocupación entre expertos en derechos civiles, quienes advierten que podría vulnerar la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios. El abogado Haim Vásquez señaló que la ambigüedad en la definición de "amenaza" podría derivar en una vigilancia excesiva, afectando incluso a personas en procesos migratorios. Además, se detalla que la empresa contratada deberá emplear herramientas avanzadas, como reconocimiento facial y geolocalización, para identificar a individuos que emitan comentarios considerados amenazantes, lo que refuerza el debate sobre los límites entre seguridad y derechos constitucionales.